En Tudela de Duero, Valladolid, ha dado lugar una de las historias que, por novedosa, tendrá una importancia tremenda para el futuro. Santiago González Rueda, vecino de la localidad vallisoletana de 54 años de edad, ha conseguido que un juez permita cambiar sus datos en el DNI tras conocer, hace más de diez años, que es uno de los niños traficados durante la dictadura franquista. Tras sus pesquisas, esta sentencia pionera ha determinado que el susodicho pueda recuperar sus datos de identidad sin perder la filiación de su adopción. Es decir, recuperar su identidad biológica en el DNI sin anular la recibida tras el proceso de adopción.
De esa manera, el afectado hará uso de una sentencia judicial sin precedentes para poder inscribirse en el Registro Civil oficialmente como Olmo Gómez Aldaz, nombre y apellidos con las que figuró por nacimiento, mientras puede mantener vigente la filiación derivada de su adopción. Esta decisión es el resultado es una realidad inédita, con una doble filiación con plenos efectos civiles tras valorarse su caso y emitirse sentencia judicial firme al respecto. De esta manera, Santiago, en adelante Olmo, mantendrá la que fuera su identidad antes de ser adoptado por la familia con la que se ha criado tras ser uno de los muchos bebés que fueron víctimas de tráfico de personas durante el franquismo.
Olmo fue criado como Santiago, identidad adoptiva que figuró en su documentación oficial hasta esta decisión del juez, que restituirá la identidad biológica del susodicho sin perder su estatus jurídico. Algo que, históricamente, solo han podido disfrutar aquellos quienes, en la misma situación de tráfico de personas, no fueron adoptados. De esta manera, sin duda es un paso adelante en la restitución de la memoria de tantos y tantos afectados en lo ancho y largo de España, en una época oscura en la que este tipo de prácticas proliferaron.
Cinco años de investigación y lucha
Vecino de Tudela de Duero, Olmo descubrió a los 43 años de edad que había sido uno de los bebés víctima de las prácticas de sustracción de recién nacidos que han sido documentadas en España en las últimas décadas de la dictadura franquista. Es así como logró localizar el municipio donde vivió su madre biológica, ya fallecida, para poder seguir el hilo de quienes son su familia de sangre. El pueblo era Beramendi, en la comarca de Ultzamaldea, Pamplona, donde pudo desplazarse para localizar a su padre y a una hermana, tras lo que pudo confirmar que, efectivamente, su madre no le entregó voluntariamente en adopción, sino que fue sustraído.
Olmo asume que sus padres adoptivos, ya fallecidos ambos, estaban al corriente de la realidad de su caso, pero asegura no guardarles ningún rencor y asegura que lo importante es haber hecho «justicia» con su caso. Una restitución que, por fortuna, no ha exigido la anulación previa de la adopción, jurídicamente válida a todos los efectos, algo que por por primera vez permite que coexistan datos biológicos y adoptivos en el Registro Civil de España, siendo ambos datos plenamente reconocidos y efectivos a todos los efectos, algo que rompe de lleno con la práctica habitual en la que la adopción constituye, de forma irrevocable, una nueva filiación que sustituye de manera total los datos de origen biológico.
Algo que, en este caso, ha favorecido al afectado, que según argumenta inició todos los procedimientos necesarios a nivel judicial hace más de cinco años, tras descubrir los indicios de que pudo ser uno de esos niños que fue dado en adopción a finales de la dictadura, pocas horas después de haber nacido y sin el consentimiento de los padres. El caso abre un precedente hasta ahora inexistente a nivel judicial para que muchas otras personas adoptadas que persiguen la restitución de su identidad puedan ejercer el mismo derecho que Olmo.
