El intento de soborno al alcalde de San Vicente de Palacio será juzgado en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde el encausado, S.L.G., que ejercía de encargado en la gasolinera Valcarce, situada en dicho municipio, se enfrenta a una pena de prisión de tres años y medio por la presunta comisión de un delito de cohecho cometida en febrero de 2021, cuando habría ofrecido al primer edil de San Vicente de Palacio 7.000 euros para que hiciera la vista gorda y no obligase a su empresa a demoler un talud que esta había levantado de manera ilegal en el área de servicio.
Está previsto que el juicio comience el próximo miércoles 4 de febrero, cuando comenzará la selección del jurado popular que oirá, en primer término, la declaración del acusado. La Fiscalía y la acusación popular, ejercida por el Ayuntamiento de San Vicente de Palacio, han solicitado para el hombre una condena de prisión de tres años y medio, así como multas de entre 2.160 y 2.880 euros y una inhabilitación especial por un periodo de entre nueve y diez años. El jueves 5 es la fecha en la que se dará audiencia tanto a los testimonios del denunciante como de otros testigos, y las acusaciones y la defensa presentarán sus informes.
El origen del presunto soborno
Este presunto delito de cohecho tiene su origen en 2013, cuando un decreto emitido por parte del alcalde de San Vicente de Palacio, en Valladolid, detuvo la construcción de un talud que la empresa Valcarce estaba elevando en su gasolinera, que se encuentra en la autovía A-6 por carecer de proyecto. Tras acudir a los juzgados, un primer juicio contencioso-administrativa obligaba a continuar con la demolición de dicho talud, que se estaba realizando para instalar unas placas solares, si bien la empresa se negó a cumplir el fallo.
Posteriormente, en febrero de 2021, presuntamente y según las acusaciones, el ahora acusado habría ofrecido al alcalde de San Vicente dinero para que hiciera la vista gorda y no obligara a dicha ejecución. «No seas bobo, que estas cosas se arreglan con dinero negro, mira para otro lado», es la frase que habría empleado el encausado, según la versión de sus acusadores, en primera instancia, para, al día siguiente, realizar una propuesta concreta, en la que S.L.G. indicó que, aunque tendría que consultarlo con el propietario de la empresa y con su hija, probablemente podría llegar a entregarle 7.000 de los 15.000 euros que costaba demoler el talud.
