La Guardia Civil de Valladolid está en medio de una investigación que trata de identificar si un veterinario de Valladolid es el responsable único de un presunto delito continuado de falsedad documental relacionado con varias cartillas sanitarias de animales de compañía, así como la implantación irregular de los chips identificativos en casi una veintena de galgos. Una realidad enmarcada en la Operación Americanavase desde julio de 2025.
Es en esa fecha cuando el grupo armado empezó a recibir distintos datos relacionados con el caso y que parece poder tener inicio y relación con dos actuaciones independientes de la Policía Municipal de Valladolid, que parecían poder tener un patrón común en la identificación de los animales. Durante una intervención policial en verano de 2025, varios agentes pudieron localizar de casualidad una jeringa vacía, que parecía haber sido destinada a la implantación de microchips. Este descubrimiento, en el hueco de una pared, dio lugar a una serie de pesquisas en torno a tres galgos hallados sin microchip y que fueron trasladados al Centro de Protección de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Valladolid.
Los supuestos propietarios acudieron a recoger los animales con microchips sin usar y precintados, lo que supone una falta grave para particulares y que significó ya una poderosa sospecha de que todos los hechos podían estar relacionados con una red de operaciones ilegal en torno a la identificación y posesión de estos animales. Sin poder tirar del hilo de esta investigación hasta meses después, sería sin embargo, a finales de 2025, cuanto todo iba a volver a salir a la luz.
Una larga búsqueda de pistas
No fue hasta noviembre de 2025 que varios agentes de la Policía Municipal de Valladolid encontraran a un perro que deambulaba sin dueño en el Páramo de San Isidro, que tras su traslado al Centro Municipal de Protección de Animales, se comprobó que el microchip estaba adherido al collar del animal y no implantado, una actividad totalmente irregular y que coincidía con el caso ya acontecido meses atrás y que acabó por revelar una tendencia llamativa.
Además, los dos casos contados coincidían en que los microchips ya estaban asignados a un mismo veterinario colegiado en Valladolid, por lo que acabó motivando que se comunicaran las pruebas y los hechos inmediatamente a la Guardia Civil, quien se puso manos a la obra para tratar de resolver el caso. Es por eso que, desde ese momento, se tomaron declaraciones a diversos testigos y se realizaron cerca de veinte inspecciones a propietarios de galgos en los que constara que los animales habían sido dados de alta por el veterinario en cuestión, investigado ya por estas evidencias.
En todo el procedimiento se pudo comprobar que dentro del espectro del citado veterinario oficial de Valladolid existían numerosas irregularidades en lo correspondiente a la implantación de microchips, así como en la documentación sanitaria reglamentaria de los animales, comprobando que había una serie de prácticas reiterativas que, sin duda, podrían llegar a constituir una grave vulneración del sistema oficial de identificación animal, con manipulación clara de los datos sanitarios que deben acompañar siempre a los animales.
En una larga investigación, que tomó un rumbo claro desde finales de 2025, la Guardia Civil ha recibido numerosa colaboración, no solo desde organismos como la Policía Municipal de Valladolid, sino también del Colegio de Veterinarios de Valladolid y por parte de numerosos veterinarios del Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Valladolid. Colaboraciones que, sin duda, han sido claves para resolver el caso. Tras esta serie de investigaciones, la Guardia Civil abrió las diligencias oportunas para el Tribunal de Instancia con copia a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Valladolid, en lo que será la continuación de las actuaciones judiciales hacia este veterinario y posibles implicados.
