Los próximos días 28 y 29 de enero se celebrará en la Audiencia de Valladolid un juicio contra Ionela y su hermano Vasile, de nacionalidad rumana y acusados por delitos de explotación en Torrecilla del Valle. Se les culpa por presuntamente atentar de manera continuada los derechos de los trabajadores, jornaleros que llevaban a cabo la labor de recogida de patata sin contrato alguno y, además, recibiendo cantidades económicas por su trabajo por debajo de las acordadas inicialmente, ya que les detraían otra parte del sueldo por alojarse en unas viviendas que no cumplían los requisitos básicos.
Ionela en calidad de empresaria y Vasile como la figura que realmente controlaba las labores agrícolas se exponen a una condena de 4 años de prisión, al pago de una multa de 4.500€ y a una indemnización para los afectados de 15.000€ por daños morales. Los hechos denunciados se desarrollaron entre septiembre y octubre del año 2020.
Ionela era la cara visible ante la administración, mientras que su hermano Vasile era quien realmente se encargaba de la gestión de la empresa y de las contrataciones. Los dos lograron atraer a distintos trabajadores mediante una serie de mentiras para llevar a cabo labores de recogida de uva y patata en la zona de Medina del Campo y, según la acusación pública, no lo hicieron solos, sino con la ayuda de dos personas residentes en Alicante de las cuales se desconocen más datos.
Las condiciones de los jornaleros en Torrecilla del Valle
Convencieron a alrededor de una decena de trabajadores hasta la provincia de Valladolid con una promesa falsa. Se les comunicó que tendrían un contrato durante un año, alta en la Seguridad Social y unos sueldos de entre 1.600€ y 1800€ con alojamiento incluido y todas las comodidades. Fue así como durante la pandemia por la COVID-19 viajaron hasta la finca de Torrecilla del Valle y solo las cinco primeras personas firmaron el contrato provisional, de todas las que pasaron por allí hasta el día 20 de octubre de 2020, mientras que en la Seguridad Social figuraron durante un periodo mucho más corto al que realmente trabajaron.
Todos cobraron menos de lo acordado, cuyas cantidades eran 6€ por hoja trabajada en la uva y 21€ por cada saca de 1.000 kilos de patatas recogidas. De esas cifras a los tranajadores se les detraían unas comisiones por el traslado al puesto de trabajo y el alojamiento, algo que está en contra de la normativa. Con todo, los trabajadores llegaron a ver pequeños pagos gracias a la actuación de la Guardia Civil.
La casa en la que se hospedaron no estaba amueblada ni tenía agua potable o calefacción. No era un lugar que fuera considerado habitable e incluso los denunciantes aseguran que llegaron a recoger colchones de un punto limpio y de la calle para poder tener una cama en la que dormir.
