El presunto asesino del joven Esteban, que perdió la vida el pasado viernes después de recibir tres cuchilladas mortales en la calle Democracia de Valladolid, llevaba tiempo bajo el foco debido a sus conductas, que, de no ser por su edad -apenas 13 años-, podrían ser objeto de consideración de delitos con base en el código penal. Según publica El Norte de Castilla, ya en 2024 (cuando tenía 11 años) la Fiscalía de Menores dio parte a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid de su «situación problemática». Sin embargo, su familia se mostró poco colaborativa.
Tras el crimen, que ha conmocionado a la ciudad y que mantiene a dos jóvenes detenidas, así como al presunto autor de la agresión con resultado de muerte en el internado Centro de Menores Zambrana, había trascendido que la familia había pedido ayuda ante la ingobernabilidad del chico. Sin embargo, Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, ha explicado este miércoles que desde su área mantuvieron varios contactos con la familia, aunque no contaron con su «colaboración».
El concejal confirmó los plazos publicados en El Norte de Castilla, así como que el Consistorio recibió el caso de parte de la Junta de Castilla y León; concretamente desde su departamento de servicios sociales. Fruto de ello, desde entonces se intentó tratar el caso con el entorno del menor, aunque, «en distintas ocasiones, no hubo colaboración por parte de la familia», declaró Nieto. No la hubo ni en ese 2024, ni en varios intentos en 2025 ni tampoco a inicios de este 2026, cuando el procedimiento se reinició una vez más, esta vez, por voluntad de la madre, aunque con idéntico resultado: no llegó a darse la cita.
«No sabíamos como iba a responder la familia porque a lo largo del año pasado lo intentamos en repetidas ocasiones y no obtuvimos colaboración por su parte», insistió el concejal del área de Servicios Sociales, que precisó que el Ayuntamiento no ha podido obrar de otra manera porque es la Junta de Castilla y León quien ostenta las competencias para intervenir la patria potestad de un menor, mientras que el campo de actuación del Consistorio atañe «única y exclusivamente» a una posible o eventual situación de indefensión o vulnerabilidad que pueda afectar a un menor.
Cabe recordar que, según fuentes policiales, el acusado de dar muerte a Juan Esteban Rubio, un joven colombiano de 18 años, tuvo sus primeros contactos con bandas latinas (concretamente, con Trinitarios) en ese 2024 en el que la Fiscalía de Menores empezó a tratar el caso con Asuntos Sociales y, desde entonces, había sido parte de diferentes incidentes relacionados con estos grupos juveniles violentos. En las últimas horas, estas circunstancias han provocado polémica por las palabras de Carlos Pollán, candidato de Vox a la Junta, que aseveró que «Valladolid es un ejemplo de la situación de degradación que produce la inmigración ilegal y masiva».
