La Audiencia Provincial de Valladolid ha acogido este lunes el inicio del juicio por el cambiazo de ataúdes que conmocionó a la sociedad vallisoletana en 2019, cuando se conoció la investigación abierta para dilucidar una posible estafa continuada cometida por el Grupo Funerario El Salvador, que, presuntamente, había estado dando el cambiazo durante dos décadas (desde 1995 y 2015) a la hora de incinerar féretros cambiando los ataúdes por los que las familias pagaban por otros materiales.
La conocida como ‘Operación Ignis’ ha arrancado con la solicitud de la declaración de nulidad por parte de la familia Morchón, cuyo propietario y presunto cabecilla de la trama, Ignacio Morchón Alonso, ha fallecido, por lo que no podrá ser juzgado. Por la misma razón, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no está tampoco entre los veintitrés procesados el extrabajador que durante todos esos años tomaba nota de esta actividad delictiva. La petición de la familia se vertebra, según publica Tribuna Valladolid, en unas posibles irregularidades policiales durante la investigación.
El cambiazo de ataúdes, un plan para sacar beneficios
La Fiscalía de Valladolid considera que la familia propietaria de la funeraria se valió de la colaboración de varios empleados -desde conductores de coches fúnebres hasta personal del crematorio- para reutilizar 6.055 féretros y 3.174 motivos florales y así estafar más de cuatro millones de euros. En total, son más de doscientos años de pena de prisión las que se solicitan para los veintitrés encausados, enfrentándose los Morchón (la viuda y sus tres hijos) a veinte años de cárcel por organización criminal, estafa agravada, blanqueo y contra el respeto a los difuntos.
Según considera la el Ministerio Público, el modus operandi consistía en retirar los ataúdes más caros justo antes de proceder a la cremación de los fallecidos en el cementerio de Santovenia de Pisuerga. Así, los cadáveres eran introducidos en el crematorio sobre tablas de madera o cajas de menor valor, mientras que los originales por los que las familias pagaban eran limpiados y devueltos al circuito comercial para ser revendidos como nuevos a nuevos clientes.
El engaño a las familias y los plazos
Para ejecutar el engaño, la Fiscalía de Valladolid hace hincapié en que a los familiares de los fallecidos se les negaba el derecho a ver la entrada al interior del crematorio, lo que favorecía la ocultación de los productos que iban a ser utilizados en otros servicios funerarios. Con todo, el proceso se prevé largo, ya que la Audiencia de Valladolid ha diseñado un calendario con hasta 35 sesiones, que tendrán ocasión hasta el 9 de junio, y en las que participarán 239 testigos y diecisiete peritos, a fin de dar respuesta a un tormento que sufrieron nada menos que 1.300 familias. Los veintitrés acusados declararán a partir del 20 de mayo.
