El Ayuntamiento de Valladolid ha recibido un golpe importante en el Tribunal Supremo, que no ha admitido el recurso por la anulación del puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas, en una realidad que levantó a los partidos de la oposición municipal, en una realidad que ha activado un muro ante una figura ya conocida comúnmente como «alcalde B».
Es por ello que el miércoles, 4 de febrero, ha sido trasladado a los medios por el Grupo Municipal Socialista el fallo del Tribunal Supremo, que acuerda la inadmisión a trámite del recurso de casación que presentó la representación procesal del Ayuntamiento de Valladolid, dirigido por Jesús Julio Carnero. De esa manera, contra esta nueva resolución ya no cabe recurso alguno y el propio Grupo Municipal Socialista recalca que la decisión, por tanto, «es firme», tras el primer pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ya anuló el nombramiento y la modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que lo sustentaba.
Tras el recurso presentado por el PSOE, la sentencia del TSJCyL se pudo conocer un año después, en diciembre de 2024, por lo que el Ayuntamiento aprobó en febrero de 2025 una modificación puntual de su Reglamento Orgánico, que data de 1996, para poder dar «cobertura normativa» a esa plaza de nueva creación para poder ocupar el puesto de coordinación de Políticas Públicas, que ocupaba Indalecio Prieto, hombre de confianza de Carnero.
Un movimiento que, para ser aceptado, debía de haberse modificado el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento y uno de los motivos que ha enarbolado el Grupo Socialista Municipal para interponer esta queja y, seguro, uno de los motivos por los que ahora, el Tribunal Supremo, ha anulado el recurso por parte del Consistorio. Tras la nueva decisión del Tribunal Supremo, el PSOE ha querido subrayar el nuevo revés judicial en este asunto, creyendo que confirma que este nuevo puesto es «una cacicada del alcalde» que solo respondía a un interés particular y para acercarse «aún más» a una persona de su confianza, que pudiera «cubrir su ausencia en los periodos en los que está en el Senado».
Una plaza rodeada de polémicas
Cabe recordar que esta plaza ha sido creada de acuerdo a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid el pasado 21 de agosto de 2023 y publicado en el BOP el 1 de septiembre del mismo año. En ese mismo mes de octubre de 2023, se dio por concluido ese proceso por parte del equipo de Gobierno, con una adjudicación posterior del propio puesto a Indalecio Escudero, que ya había trabajado junto a Jesús Julio Carnero en la Diputación de Valladolid y en la Junta de Castilla y León, algo que derivó en las correspondientes protestas.
Según el PSOE, «no se trató de una necesidad organizativa acreditada ni de una figura prevista en el Reglamento Orgánico, sino de un puesto diseñado a medida para sostener una estructura política paralela, al margen del control democrático y de la normativa aplicable». Algo que, de hecho, ha querido explicar el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero. Además, ha destacado el «elevado coste para las arcas públicas», pues el puesto tiene un gran impacto económico, por encima de los 600.000 euros a lo largo de todo el mandato., en lo que significan los anotados «156.762 euros anuales».
De esta manera, el Supremo concluye que el Ayuntamiento no ha dado suficientes fundamentaciones para esta concurrencia de interés casacional objetivo exigido, señalando además que a pesar de no haber jurisprudencia, «los términos de las normas que señala como infringidos son tan claros que no hace falta jurisprudencia que los interprete». Una resolución en la que se imponen las costas procesales a la parte que ha recurrido la decisión del TSJCyL, en este caso el Ayuntamiento de Valladolid, con un límite máximo de 2.000 euros más IVA a favor de la parte personada y opuesta a la admisión.
